Julio García, presidente del Colegio de Enfermeras(os) del estado Carabobo, denunció la política regresiva, de desmejora y violatoria de los derechos de los trabajadores de la salud.
Nota de prensa
Es clara la recurrente intención del gobierno nacional de desconocer no solo los actores laborales de los gremios y sindicatos, sino que ahora va a lo más sagrado como son los derechos y beneficios establecidos en las convenciones colectivas; recientemente, en autoría conjunta con el sindicato patronal FENASIRTRASALUD, y por medio del Ministerio del Trabajo, se ensañaron contra los trabajadores de la salud, atreviéndose a reducir y desmejorar las cláusulas de Uniformes, Zapatos, y Bono Recreacional para los jubilados.
Puntualmente, el bono de Uniformes y Zapatos establecido en 10 salarios mínimos, que representan 1.300 Bs lo disminuyeron a 200Bs, y a los jubilados de pasar de un pago único de 85 días de bono recreación la desmejoraron a pagos fraccionados; ambos conceptos ya pulverizados en virtud a la inflación y el aumento creciente del dólar.
Con esta medida, el gobierno se declaró como un sistema regresivo y violador de los derechos laborales, desconociendo el propósito y previsión de un modelo garantista y de derechos fundamentales laboralmente no se cumple en el gobierno de Nicolas Maduro, y abiertamente desecha y desconoce a la constitución nacional, en cuanto a que el “Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable (…) su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público”, “los derechos laborales son irrenunciables”, “progresivo e intangibles”.
Esto representa una alarma para toda la clase trabajadora, ya que sin pudor y temor del patrono Gobierno, pretende conculcar, eliminar y vulnerar los beneficios sociales y económicos, alcanzados en procesos de luchas reivindicativas.
En tal sentido, consideramos que están bajo amenazas los pagos en días de disfrute de vacaciones, bono de fin de año y otros; dado el alto riesgo de que el gobierno lo podría extinguir caprichosamente. Esto también es un mal ejemplo para el sector privado y otros patronos, ya que, si desde el Ejecutivo Nacional principal empleador público, implementan estos procedimientos arbitrarios e írritos, está emitiendo mensajes negativos, muchos podrían asumir esta mala política.
Es así, que la protesta y la denuncia por parte de los trabajadores de la salud ante las instancias legales y de derechos laborales es obligatoria, justa y necesaria.
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