Luis José Gómez Mota
Hasta hace unos diez o quince años el gobierno que fundó Hugo Chávez era objeto de deslumbramiento para los progresistas del mundo. Un mártir que llegó al poder de forma violenta e inesperada ante el sesgo ciudadano por la promesa de que serían tomadas en cuenta todas las personas “sin distinción”, esas que con el tiempo fueron usadas como un mitin político para la preservación del poder, y que luego de su muerte, Nicolás Maduro, continúa, entre tantas, al reforzar la homofobia institucional como analogía del discurso de amor del cual han erigido las ideas del socialismo bolivariano.
¿Pero qué tan grave puede ser esto?
En Venezuela se vive una depreciación en materia legislativa para las personas LGBT+ con respecto a las demás naciones de Latinoamérica, con el gobierno de Maduro siendo uno de los más hostiles con la comunidad de la región y con cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos a miembros del colectivo, que van desde el desabastecimiento de antirretrovirales para personas con VIH hasta delitos de odio que no son investigados por la Fiscalía.
Venezuela ha ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, ha ratificado todos los convenios relevantes en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), si bien el régimen actual ha expresado su deseo de abandonar dicha organización.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece la igualdad ante la ley en su artículo 21, aunque no incluye expresamente la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En el año 2008, la Resolución Nro. 190 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dilucidó que la Constitución también prohibía la discriminación por razones de orientación sexual pero dicha interpretación no menciona la prohibición de discriminación por razón de identidad de género.
Con la situación de crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa actualmente el país, la situación del colectivo parece estar menos en el punto de mira, no obstante, esta crisis está sumergiendo al colectivo en una vulnerabilidad aún mayor. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, con sede en Viena, Venezuela llegó a ocupar el cuarto lugar en América con el mayor índice de asesinatos de personas LGBT+, de acuerdo a homicidios de personas lesbianas, gays, bisexuales y personas trans e intersex entre enero de 2009 y mayo de 2017, con 109 homicidios similares.
Y es que los venezolanos, desde la llegada del chavismo al poder, hemos sido espectadores de bochornosos actos de odio donde las mismas altas esferas del poder emplean términos despectivos que apuntan a la orientación sexual para denigrar al oponente político. Como si se tratara de un enfrentamiento entre lo moral e inmoral, como sinónimo de desviación o anormalidad.
A un mes de la marcha del orgullo:
Luego de que este año 2023 ciudades como Caracas fuesen el titular de noticia con sorprendentes manifestaciones a favor de las luchas del colectivo, donde se podía sentir el clamor de una ciudadanía que, aun en una sociedad conservadora, exige garantías para ser, el mensaje de las autoridades pareciera sin lugar a dudas aquel que se vivió el 27 de julio en la ciudad de Valencia, a hora y media de la capital.
Al estilo de los acontecimientos que generaron los disturbios de Stonewall en New York, Estados Unidos durante 1969, en Valencia, Venezuela, 33 hombres fueron detenidos arbitrariamente en un sauna al ser acusados de participar en una supuesta “fiesta sexual” por parte de la Policía Nacional Bolivariana, a modo de redada, para posteriormente ser expuestos ante los medios de comunicación, al escarnio público, y así desprestigiarlos mientras un tribunal les acusaba de los delitos de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y “contaminación sónica”, este último aplicaría a los dueños del lugar.
Es nuevamente, una persecución basada en prejuicio y que día a día es visible en el éxodo de venezolanos que huyen de una dictadura y emergencia humanitaria compleja pero que también lo hacen en busca de lugares donde sean respetados sus derechos a ser felices y así poder gozar de una vida en dignidad.
“La batalla del amor contra el odio” es ese presagio que Hugo Chávez, sin escrúpulos, usó para oscurecer a un país que parecía ser indetenible en muchos aspectos, principalmente en la progresividad de sus derechos, y que hoy su sucesor lo sostiene como un legado para redefinir, según sus intereses, el concepto de moral y legalidad desde el abuso de poder y arbitrariedad.
Luis José Gómez Mota
Abogado venezolano, Activista, Fundador y presidente de la Fundación Yo estoy aquí en Venezuela y Colombia, Acreditado miembro UNESCO por la Federación Venezolana de Asociaciones, Centros y Clubes Unesco.
