En Quinta Crespo, uno de los principales mercados de Caracas, pueden cruzarse en un mismo día Beatriz, que lleva un brócoli que le costó un dólar y será lo que coma durante dos días; el exvigilante Cruz, con unos pocos tomates, un pimentón estropeado y una cebolla por los que pagó lo mismo que Beatriz; y Petra, que trabajó toda su vida como auxiliar de docente en un preescolar y ese viernes compró unos cuantos huevos por el doble de lo que pagaron Beatriz y Cruz por los vegetales. Son pensionistas venezolanos y se les ha ido casi un tercio de su pensión mensual, equivalente al salario mínimo, en esas compras que estirarán para comer unos pocos días.
El País
El ingreso mínimo vital en Venezuela está fijado en 130 bolívares, que equivalen a unos 5,4 dólares tras una voraz devaluación de la moneda en los últimos meses, y se ubica como el más bajo de América Latina, seguido por los de Haití y Cuba que este 2023 están más cerca de los 100 dólares, por encima de los 57 dólares mensuales que según Naciones Unidas marca el umbral de la pobreza extrema.
El salario que una parte de los venezolanos percibe en un mes alcanza para una bolsa de pan y un litro de leche, para apenas un paquete de cuatro rollos de papel higiénico o una caja de 30 pastillas de un antihipertensivo genérico. No alcanza para pagar las tarifas de los servicios de luz, agua y teléfono en una vivienda.
La exigencia del aumento del salario mínimo y, con ello el consecuente empuje de toda la escala salarial de la administración pública, ha impulsado más de un millar de protestas en lo que va de 2023 en toda Venezuela. Los maestros, profesores universitarios, trabajadores del sector salud y de las industrias básicas han liderado las manifestaciones que se repiten a diario.
