Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos solicitaron a la Corte Federal, el 14 de febrero, que se emita una medida cautelar para congelar el parole humanitario, con el que se permite el ingreso regular de 30.000 migrantes al mes procedentes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
EFE
En un documento judicial, los estados demandantes piden a un juez federal en Texas que pause el programa como medida cautelar mientras la corte decide sobre el caso.
A finales de enero, los fiscales generales de una veintena de estados presentaron una demanda solicitando a la corte que se dé fin al programa, que permite a los migrantes de cuatro países de Latinoamérica solicitar un permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Los demandantes argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden de dar luz verde al programa humanitario fue «arbitraria y caprichosa».
A su vez, aseguran que el programa, que tiene un límite máximo de 30.000 permisos humanitario al mes, supone un gasto de millones de dólares para los estados que tienen que proveer de «servicios a los migrantes».
La demanda está suscrita por los fiscales de Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia EE. UU.
Mayorkas ha defendido el programa, asegura que ha reducido en un 90 % los cruces irregulares en la frontera y tachó la demanda de «incomprensible».
La Casa Blanca anunció la creación del alivio migratorio para venezolanos en octubre, en medio de un incremento en la llegada de personas de este país, sumido en una crisis política y económica, a la frontera sur con México.
A principios de este año, anunció que extendería el programa Parole humanitario para incluir también a las personas de Haití, Nicaragua y Cuba, quienes a su vez han llegado en cifras récords buscando solicitar asilo en la frontera.
En el mes de enero, unas 11.000 personas de estas cuatro nacionalidades entraron a EE. UU. con este programa, según datos de DHS.
En paralelo a los beneficios migratorios, el gobierno de Biden ha implementado una política de devoluciones en caliente, por medio de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a México a los ciudadanos de estos países sin darles oportunidad de pedir asilo.
El Título 42, una norma heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
