Luis José Gómez Mota
La posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia el pasado 7 de agosto marcó un punto de referencia histórica para dicha nación. Es la primera vez que un gobierno de izquierda toma las riendas del poder, dejando a un lado a los partidos tradicionales que ocuparon por unos 200 años la Casa de Nariño, el palacio presidencial.
Sin duda alguna, todo hecho histórico lleva consigo una serie de responsabilidades y con ello grandes retos por asumir, el caso de Petro no es la excepción. Su elección ha generado una suma descomunal de expectativas, muchas potenciadas desde su campaña presidencial y otras frente a la serie de acciones que, en tan corto tiempo, ha llevado a cabo bajo la promoción de un “acuerdo nacional” con el que logró incluso reunir mayorías en el Congreso, indispensable para sacar adelante las diversas reformas que en Colombia impulsa.
Las proposiciones de Petro abarcan desde lo político y económico hasta lo social y cultural, y aunque se considera que los ciudadanos colombianos se carcomen de ansiedad, también existe una importante comunidad como la población migrante venezolana que no desvía su atención de los medios informativos ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el país y principalmente de que les depara a los más de dos millones y medio de venezolanos que residen en el país ante un éxodo sin precedentes en la región.
En menos de un mes, la política exterior de Colombia ha dado un giro de 180 grados, con una mirada directa a la normalización de relaciones con Venezuela, las cuales estuvieron congeladas por varios años, y que son vistas con cierto optimismo entre las poblaciones de ambos países, enlazados por una extensa frontera en común.
“Igualdad de condiciones”:
Fue la expresión con la que, bajo un compendio de propuestas, Petro se refirió a lo que buscaría como gran objetivo a alcanzar para la población migrante que reside en el país. Un objetivo que implicará una serie de medidas que permitan expandir la labor ya realizada por el gobierno saliente con los venezolanos, pero insuficiente para la demanda emanada por esta compleja problemática.
Igualdad de condiciones significaría, entre tantas cosas, acceso a la salud y educación, a una identidad real que muchos carecen bajo la institución venezolana a manos del régimen, al trabajo digno, a una vida con garantías de estabilidad económica y sin obstáculos bajo el disfraz de “discrecionalidad” con la que se invisten muchas instituciones del sector público y privado para vulnerar derechos básicos y esenciales en Colombia; así como los que urjan de refugio no se vean limitados a permanecer en vulnerabilidad hasta que su condición sea definida debido a leyes obsoletas y contradictorias, y partir de blindar un estatuto de protección de carácter temporal que hila de un decreto presidencial para que el mismo trascienda a un mayor nivel institucional que permita un mejor acatamiento y por ende mayor efectividad.
El compromiso de esta gran propuesta no depende a exclusividad del gobierno entrante que busca promoverla, sino también de la alineación de los distintos sectores representativos de la población migrante dispuestos a hacer visible las realidades y transformar años de lucha por reconocimiento en un verdadero aporte al país de acogida con especiales beneficios mutuos bajo oportunidades de desarrollo.
En pocas palabras:
Mucho por hacer…
Luis José Gómez Mota
Abogado venezolano, Fundador y presidente de la Fundación Yo estoy aquí, Acreditado miembro UNESCO-Venezuela por la Federación Venezolana de Asociaciones, Centros y Clubes Unesco.
