Una investigación realizada por el Ministerio Público (MP) de Venezuela confirmó que Leoner Azuaje Urrea, uno de los 61 detenidos en el último mes por trama de corrupción en Pdvsa, se suicidó en la celda donde estaba recluido.
Con información de El Pitazo
La información la suministró el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que los resultados de la autopsia revelaron que se trató de un ahorcamiento con sábanas.
«Experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público en el lugar de los hechos determinan que el ciudadano se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido», publicó el fiscal.
Además, señaló que se hallaron varias cartas dirigidas a su familia en las que menciona la decisión y asume el error cometido.
1) #AHORA… el @MinpublicoVEN anuncia resultas de #autopsia hecha a Jesús Azuaje: #AQUÍ #avances de la investigación: a) la conclusión de la #autopsia dió como resultado que el ciudadano muere por #Asfixia mecánica por constricción de #cuello por #Ahorcamiento
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 21, 2023
Saab agregó que los fiscales designados para este caso han realizado múltiples entrevistas, entre ellas a un psicólogo y al compañero de celda.
El fiscal informó el jueves, 20 de abril, la apertura de una investigación sobre el suicidio de Azuaje Urrea, quien fue detenido esta semana por presunta corrupción en Cartones de Venezuela, donde ocupó la presidencia, y presentado la madrugada del miércoles 19 en un tribunal especial.
Saab también ordenó a la Unidad Criminalística del Ministerio Público que, junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adelantara todo lo relacionado con la inspección técnica, entrevistas y autopsia.
El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, pidió este viernes 21 que se acelerara la investigación, así como extremar las medidas de supervisión en los centros de detención. «El Estado y, especialmente, los organismos de seguridad deben proteger la vida, integridad, salud y seguridad de las personas privadas de libertad como derecho consagrado en la Constitución».
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