Chile ha incumplido con su obligación de proteger a las personas que han huido de su país para resguardar sus vidas, en particular a las venezolanas. Se trata de una protección a la que tienen derecho según las leyes chilenas y el derecho internacional.
El Pitazo
Es la conclusión a la que llegó Amnistía Internacional (AI) en su más reciente informe «Nadie quiere vivir en clandestinidad»: desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile.
La ONG considera que el cierre de las fronteras terrestres y la imposición de visados y la dificultad para obtenerlos son factores que empujan a las personas procedentes de Venezuela a cruzar las fronteras de manera irregular, bajo condiciones climáticas hostiles y el riesgo de sufrir abusos de los grupos criminales que dominan esos territorios, incluyendo robos, estafas y violencia sexual.
Con base en entrevistas a 12 mujeres venezolanas y representantes de organizaciones de sociedad civil, así como el trabajo de campo realizado en las ciudades de Arica, Iquique y Santiago entre agosto y diciembre de 2022, AI identificó una serie de medidas, adoptadas o implementadas por las autoridades chilenas que, tomadas en su conjunto, impiden en la práctica que esos venezolanos con necesidad de protección puedan acceder a un estatus migratorio regular en Chile.
«Amnistía Internacional considera que la gran mayoría de las personas venezolanas en Chile están dentro del ámbito de aplicación de la Declaración de Cartagena, y algunas están comprendidas también en la definición de persona refugiada de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951«, ambas disposiciones adoptadas por el país sureño, refiere la ONG internacional.
Trabas que impiden solicitar refugio
AI enumera una serie de obstáculos impuestos por Chile a los venezolanos que intentan entrar a ese país eludiendo controles migratorios y solicitar la condición de refugiado. Las trabas incluyen la imposición de visados de entrada con requisitos que considera difíciles de conseguir para la población venezolana, normas que facilitan las expulsiones inmediatas sin el debido proceso, así como rechazos en frontera y omisiones en la entrega de información sobre la condición de personas refugiadas.
La ONG internacional señala también que el proceso de autodenuncia al entrar a Chile por un paso no habilitado o trocha acarrea una sanción de expulsión que pone a los venezolanos en riesgo de ser devueltas a Venezuela, donde su vida y sus derechos corren peligro.
Sin embargo, lejos de atender estas situaciones, Amnistía Internacional afirma que las autoridades se han empeñado en promover reformas que buscan avalar o profundizar lo que considera violaciones de derechos humanos.
Se refiere a la nueva Ley de Migración y Extranjería, con el objetivo de facilitar las devoluciones inmediatas de personas extranjeras que intenten ingresar al país eludiendo controles migratorios.
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados no pueden dictar actos administrativos o judiciales sancionatorios que desembocan en la expulsión o deportación de extranjeros sin respetar determinadas garantías mínimas, que incluyen la necesidad de realizar un análisis de las necesidades de protección internacional de las personas», se lee en el documento.
En su informe, Amnistía Internacional realiza al Estado chileno una serie de recomendaciones para que los venezolanos forzados a ingresar por vías irregulares accedan a derechos fundamentales.
Al respecto, exhorta a las autoridades chilenas a garantizar el acceso efectivo y sin discriminación de todas las personas con necesidad de protección al procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y de las personas refugiadas.
En Chile, las personas que han sido reconocidas como refugiados son la excepción. En 2021, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) registró 3.867 solicitudes de asilo formalizadas. De ellas, 79% correspondieron a venezolanos. En 2022, del total de solicitudes recibidas, Chile solo aceptó 19, mientras que 3.082 fueron rechazadas.
«La mayoría de la gente quiere regularizase, nadie quiere vivir en la clandestinidad«, indicaron organizaciones de la sociedad civil en Chile a Amnistía Internacional.
Chile es el cuarto país de acogida de venezolanos en América Latina y el Caribe, después de Colombia, Perú y Ecuador, con un estimado de 444.400 personas venezolanas en su territorio, reporta la Plataforma R4V hasta diciembre de 2021.
