A partir de la próxima semana, los médicos de Florida tendrán prohibido realizar tratamientos de cambio de género a menores de 18 años. Sin embargo, los pacientes que ya estaban bajo tratamiento quedarán exentos de esta nueva norma.
Con información de AFP
La iniciativa ocurre luego de que la junta médica de ese estado estadounidense votara este viernes a favor de esa decisión, el cual fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra, por lo que impedirá que los médicos practiquen cirugías de cambio de género o prescriban bloqueadores de pubertad y tratamientos similares a menores de 18 años, indicó el New York Times.
Esos métodos se utilizan para luchar contra la disforia de género: la sensación de angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo biológico.
Un gobernador en contra del cambio de género
La decisión tomada por la Junta Médica de Florida, el órgano regulador de la profesión en el estado, es una victoria para el gobernador Ron DeSantis, quien está a poco días de elecciones en las que aspira a ser reelegido.
El republicano, había nombrado a los 14 miembros de esa Junta Médica, ya que llevaba meses criticando los tratamientos de cambio de género para los adolescentes. En vista de ello, la semana pasada durante un debate contra su rival demócrata, Charlie Crist, DeSantis aseguró que “gran parte de la disforia [de género] se resuelve por sí sola cuando [los niños] se convierten en adultos” y asimiló los métodos actuales a la castración química de adolescentes.
En agosto, su administración ya había prohibido que los tratamientos de cambio de género para todas las edades fueran financiados por Medicaid, el programa de seguros de salud estadounidense para la gente necesitada.
Varias instituciones médicas estadounidenses, como la Academia Estadounidense de Pediatría, han defendido los tratamientos actuales contra la disforia de género.
Pero la Agencia de Administración Sanitaria de Florida considera que varios tratamientos contra ese trastorno son experimentales y podrían tener “potenciales efectos perjudiciales a largo plazo”, según un informe publicado en junio.
